El Congreso de los Diputados ha aprobado la ley Zerolo para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación.

Esta proposición de ley, registrada en solitario por el PSOE, contempla sanciones de entre 300 y 500.000 euros.

El texto, aprobado por el Senado, ha incorporado varias novedades con respecto al proyecto inicial y asegura que “no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen“.

La norma establece que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo o religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad, estado de salud, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Hace frente así a todas las formas de discriminación, especialmente al antigitanismo, que lo reconoce como un delito de odio en el Código Penal.

La Ley Zerolo también establece medidas para evitar la discriminación laboral, sanitaria, el acceso a la vivienda o al ámbito educativo y determina que ninguno de los centros que excluyan a personas o grupos por alguno de estos motivos podrá acogerse a cualquier forma de financiación pública.

Tras su paso por el Senado, la ley ha incluido el refuerzo en la lucha contra la segregación escolar por motivos socioeconómicos, de sexo, raza o enfermedad. También establece que las webs y aplicaciones informáticas tendrán que garantizar la accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores.

Sanciones de entre 300 y 500.000 euros

Las sanciones por incumplir esta ley se dividen en tres rangos:

• Leves (300-10.000 euros)
• Graves (10.000-40.000 euros)
• Muy graves (40.000-500.000 euros).

Críticas del PP y rechazo de Vox

El Partido Popular, en palabras de la diputada María Auxiliadora Pérez, ha explicado que esta ley lleva gestándose durante varias legislaturas, pero ha lamentado que el contenido “haya empeorado” en este tiempo. “Creará problemas en lugar de aportar soluciones”.

Vox, por su parte, ha rechazado el texto porque, según la diputada Lourdes Méndez, atenta contra la seguridad jurídica, los derechos fundamentales de libertad y expresión, de educación y la propiedad privada. ERC también ha lamentado que no va a proteger a todas las personas “que realmente lo necesitan”, como las que se encuentran en situación irregular.

PSOE y Podemos chocaron el año pasado en las negociaciones sobre esta ley

Hace poco más de un año, cuando se aprobó la tramitación de esta ley, los dos partidos de la coalición de gobierno chocaron en las negociaciones porque ésta se solapaba en gran medida con dos de los principales proyectos del Ministerio de Igualdad: la ley LGTBI y la Ley Trans.

La formación morada, liderada entonces por Pablo Iglesias, mostró un “enorme malestar” ante la decisión del PSOE de impulsar en solitario la tramitación de la ley sin el visto bueno de Podemos, que no había dado por finalizadas las negociaciones.