Así lo estableció un informe de la Comunidad Andina de Naciones. La actividad ha provocado que varias construcciones de una ciudad patrimonial del país andino se hundan.

La Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Agencia Espacial de Colombia presentaron el estudio Diagnóstico Ambiental Andino que, entre sus conclusiones, indica que uno de los principales problemas ambientales que afecta al Ecuador es la minería ilegal.

El nuevo estudio realiza un estado de situación de la región, en lo referido a la producción y fuentes de información, indicadores, políticas públicas, estudios especializados y programas de desarrollo, según indicó la CAN en un boletín oficial. Además, el documento sugiere directrices para que los países de la CAN adopten acciones en conjunto que conlleven al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y otros tratados internacionales.

Pilar Zamora, directora de la Agencia Espacial de Colombia, que colaboró con el informe, explicó que: “Ecuador tiene grandes retos de cara a la democracia ambiental, es por eso que en nuestras recomendaciones indicamos que el país debe tener espacios de representación real y efectiva para sus pobladores, pues se han presentado problemáticas e iniciativas populares en torno a proyectos extractivos. Tiene una problemática que es la minería ilegal y este es un problema que se replica en la región”.

Una de las evidencias sobre las consecuencias de la minería ilegal en el Ecuador es lo sucedido en Zaruma, una ciudad declarada Patrimonio del Estado ecuatoriano en 1990 por sus edificaciones de gran valor arquitectónico. La pequeña ciudad, que está habitada por 24 mil habitantes y se ubica a 108 kilómetros de Machala, la capital provincial, ahora se hunde porque hay túneles debajo de la urbe que fueron excavados para realizar actividades de minería ilegal.

La noche del 15 de diciembre una casa patrimonial se desplomó en segundos y dejó un hoyo de 25 metros de diámetro, 300 personas evacuadas y una zona en emergencia. Al día siguiente, el presidente Guillermo Lasso decretó el Estado de excepción para Zaruma con el objetivo de que se movilicen los recursos necesarios para atender a los damnificados.

La destrucción de Zaruma comenzó en 2017. Los residentes dijeron que la ladera se está desestabilizando lentamente y esperan comenzar los trabajos de reparación lo antes posible para evitar perder sus casas y edificios. Los habitantes aseguran que con mucha frecuencia se escuchan rugidos en los sumideros que anuncian el movimiento de las tierras.

El primer mandatario ofreció investigar la situación geofísica de Zaruma y encontrar las soluciones que restablezcan la paz y la seguridad en el cantón. La firma del estado de emergencia impone 90 días de medidas excepcionales para el despliegue de efectivos de la seguridad pública y disposición directa de recursos. El presidente ecuatoriano también ofreció regresar “el primer jueves del próximo año”, es decir el 6 de enero, para dar seguimiento a las medidas tomadas para hacer frente a esta tragedia y evitar que otros incidentes puedan ocurrir.

En agosto de este año, el gobierno ecuatoriano suspendió 25 concesiones mineras por incumplir las normas ambientales, en cinco provincias del país: El Oro, Zamora Chinchipe, Azuay, Morona Santiago y Napo. La secretaria ambiental informó que esta decisión se tomó luego de identificar varios impactos medioambientales, tales como descarga de agua contaminada en los afluentes pluviales, disposición de materiales químicos en el suelo, uso de mercurio en las operaciones y restauración incorrecta de áreas de intervención, desvío de cauces hidrográficos, y otras violaciones detalladas en el informe de inspección.

A pesar de algunas decisiones que favorezcan al medio ambiente como la ampliación de la reserva marina de Galápagos, varios sectores ven con preocupación la política extractiva del gobierno de Guillermo Lasso. Incluso grupos indígenas han presentado demandas de constitucionalidad en contra de los decretos expedidos por el Presidente sobre la política minera y petrolera.